El Grupo Psicología y Discapacidad Intelectual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiere hacer público su desacuerdo con las condiciones que fija el acuerdo marco desarrollado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para gestionar, a través de convenio, los centros ocupacionales públicos o concertados que atienden a personas adultas con discapacidad intelectual.
Este acuerdo regula la ratio y condiciones de los distintos centros de atención a personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid como los centros ocupacionales, atención ocupacional en residencias, Centros de Día, etc. Estas nuevas condiciones suponen un recorte en la dotación económica por plaza de un 15 %, que se suma al 5 % de recorte que ya se realizó en 2012. Esto supone una reducción total del 20 % en los últimos dos años.
Dicho acuerdo afecta a gran número de profesionales del sector y es un atropello para los psicólogos, ya que plantea un extraordinario aumento de ratio y devalúa la importancia de la labor de estos profesionales dentro del equipo interdisciplinar. Se presenta como profesional no imprescindible, dejando a juicio del propio centro la elección del profesional más necesario: trabajador social, maestro de taller o preparador laboral. Todos perfiles muy diferentes entre sí.
La red de atención a personas con discapacidad intelectual ha iniciado una pérdida progresiva de recursos psicológicos, con una pérdida de en torno a 100 puestos de trabajo (lo que representa el 50% de los psicólogos que desarrollan esta labor). Por ejemplo en el caso de los centros ocupacionales, la ratio asignada por psicólogo en el año 2002 fue de 60 usuarios, en este último acuerdo marco, la ratio pasa a ser un psicólogo por cada 120 personas, lo que inevitablemente supondrá una situación de deterioro a la hora de ofrecer un servicio de calidad en cuanto a la atención individual y familiar de los usuarios.
El psicólogo es un profesional de gran valor en cualquier etapa del ciclo vital de la persona con discapacidad intelectual. Sus conocimientos y herramientas relacionados con las diversas áreas de desarrollo humano, tanto a nivel cognitivo como conductual y emocional, sirven de base para el trabajo multidisciplinar que requieren los usuarios y sus familias, lo que facilita una visión integral y global de la persona y hace posible una metodología coherente, bien planificada y eficiente. Reducir el número de psicólogos en los centros y servicios de acción social dañará de forma directa al colectivo objeto de nuestra atención.
El sector de la discapacidad intelectual ha vivido un gran desarrollo en su historia más reciente. Gracias a un proceso de profesionalización se ha podido progresar desde un modelo asistencial hacia uno basado en la calidad de vida. Además, actualmente se trabaja para integrar un enfoque de derechos de la persona, procurando apoyar al máximo la autodeterminación. Estos avances entrarán en retroceso si no se recapacita y se estipulan unos mínimos inapelables que hagan viable el trabajo que hasta hoy se ha estado realizando, y permitan continuar un desarrollo en la misma línea. Hay que dotar de medios y recursos económicos suficientes al sector, tomando conciencia de las consecuencias de un deterioro en la calidad de la atención: aumento del riesgo de exclusión, pérdida de oportunidades, aumento de las necesidades asistenciales...
Los importantes servicios que realizan los profesionales de la Psicología sin duda alguna permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos afectados por estas patologías. La evaluación y diagnóstico psicológico y psicosocial individual, atención directa, individual o grupal, planificación, implementación y evaluación de programas de intervención en aspectos específicos y de crecimiento personal, asesoramiento y orientación a familiares y profesionales, valoración de la discapacidad, investigación, prevención y sensibilización, son algunos de los múltiples trabajos que realizan los psicólogos especializados en la atención a personas con discapacidad intelectual.
En los Registros de la Comunidad de Madrid se contabilizan más de treinta mil personas con discapacidad intelectual, y muchas de ellas se encuentran fuera de la red de servicios, sin plaza en ningún recurso de atención. Por todo ello, los profesionales de la Psicología exigen que la Administración incremente y aporte todos los recursos humanos y materiales necesarios que permitan que las personas con discapacidad intelectual sean atendidas por profesionales especializados debidamente formados en este campo.
Madrid, 26 de enero de 2015
